Palabras del Presidente Iván Duque Márquez en la instalación del XXIV Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria

Discurso

Palabras del Presidente Iván Duque Márquez en la instalación del XXIV Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria

Bogotá , 18/11/2021

 

 

 

Bogotá, 18 de noviembre de 2021.

Apreciado doctor Luis (Antonio Hernández, Presidente de la Corte Suprema de Justicia):

Es con inmenso agrado que participamos una vez más en este importante Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria.

El tema trazado para este encuentro es un tema importante en el Estado moderno y tiene que ver con los conflictos sociales y también con el rol que juegan los jueces en ese difícil entorno, y también cuál es el papel de la Justicia cuando se tiene que lidiar, también, con circunstancias de polarización, política, ideológica religiosa o de cualquier otra índole en una sociedad.

Mis palabras hoy, más que hacer una referencia explícita a las dinámicas de nuestra realidad, están orientadas a hacer unos planteamientos de fondo, entendiendo que una de las labores más loables y más importantes en un Estado de derecho es la que ejecutan a diario jueces y magistrados como garantes, como protectores y como defensores del orden constitucional.

¿Por qué y para qué el fundamento de la protección tutelar del juez en el orden social?

Son reflexiones que vienen desde muchos años atrás, que han pasado por todos los grandes filósofos del derecho, que han sido también reflexiones de los ordenamientos constitucionales.

Pero la esencia es que la Justicia en sí misma es el más grande y más sublime de todos los códigos de comportamiento social.

Desde las civilizaciones que se asentaron en el Tigris y en el Éufrates, en aquellas ciudades como Uruk y Ur se tenía presenta que, para convivir, para establecer socialmente estructuras, era importante delimitar derechos y deberes ciudadanos.

Quienes se han dedicado históricamente a evaluar las primeras piezas del Código de Hammurabi, tenían claro que la esencia misma de ese código era imponerle al ciudadano que el límite de sus derechos estaba donde empezarán los derechos de los demás.

Desde esas embrionarias instancias decodificación de conductas sociales, pasando después por los desarrollos en Egipto, en el Lejano Oriente, y después tener las orientaciones de griegos y romanos, se daba un perfeccionamiento en el sentido de que la codificación de las normas le daba a quien administraba la Justicia una sola forma de actuar, una forma objetiva, que fueron con el pasar de los años, y con los desarrollos de la modernidad, desde el renacimiento hasta nuestros días, perfeccionándose al punto de poner sobre la mesa el criterio de la positividad del derecho y donde el rol del juez es el de aplicar la sanción o la norma correspondiente a la actuación correspondiente dentro de la codificación.

Ese principio de positividad es importante, porque aleja por completo al juez de los sesgos, aleja por completo al juez de la interpretación subjetiva, aleja al juez de la discrecionalidad facultativa y obliga a que la decisión esté cimentada en algo que es la piedra angular del desarrollo de la evaluación normativa, que es el principio de la evidencia.

Sí partimos de esa base, tenemos claro que el rol del juez en la sociedad es el de marginarse en el cumplimiento de su deber, de las circunstancias de carácter político, inclusive marginarse de quienes han tratado de buscar justificaciones de conductas contrarias a la ley, con atenuantes o con criterios parcializados.

Por eso la labor más importante del juez es la de garantizar el orden social.

Dos siglos de polarización

Y si esa conducta sublime, histórica, la traemos al contexto de nuestra nación, podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestra nación, en 200 años de vida republicana, ha estado marcada por la polarización y ha estado marcada por los conflictos sociales. Y a pesar de estas circunstancias, la Justicia también ha evolucionado y, con todas sus imperfecciones, ha demostrado que puede trascender y que puede llegar a mejores instancias.

La polarización política de Colombia data desde nuestras propias etapas embrionarias con sed de República.

El fenómeno de la Patria Boba es un fenómeno de polarización entre centralistas y federalistas.

Las discusiones de la Convención de Ocaña, la ruptura entre Bolívar y Santander, las confrontaciones entre Mosquera y Obando, las confrontaciones entre los Gólgotas y expresiones también radicalistas liberales de su época, con los fenómenos a ultranza, facultativos, y que siempre querían ser imperiosos de normas inmutables de los conservatismos clásicos, también marcaron los derroteros de lo que tristemente desembocó en confrontaciones de carácter civil. que a su vez estuvieron marcadas por constituciones que eran la imposición de quienes vencían sobre los vencidos, y que, además. conllevaron a que tuviéramos en los albores del siglo XX una de las más crueles guerras entre hermanos en nuestra nación.

Y a pesar de todos esos episodios fúnebres, tristes, seguía existiendo una Justicia para resolver los problemas del ciudadano de a pie, seguían desarrollándose esquemas que fortalecían los principios de las Cortes. Y eso es importante reconocerlo y valorarlo.

También es importante plantear lo que han sido los desarrollos históricos del derecho penal en nuestro país, como códigos de convivencia. Porque la construcción de la paz, histórica y filosóficamente, en nuestro país, ha tenido como principio la ausencia de violencia.

Pero también es interesante ver cómo esos principios objetivos históricamente también se han visto amenazados por el relativismo moral.

Y si queremos una sociedad más fuerte en la convivencia tenemos que derrotar el relativismo moral que en nuestra historia ha llevado a que las más crudas expresiones de violencia no hayan tenido una sanción proporcional. Y que cuando se han presentado esas relativizaciones morales, en aras de tratar de buscar causas objetivas a esa ruptura de los códigos de convivencia, siempre han terminado convirtiéndose en partes o en incubadoras de nuevas formas de violencia.

Después de la Guerra de los Mil Días en Colombia hay muy pocos antecedentes de sanciones reales y efectivas frente a quienes lideraron las más crueles y degradantes conductas frente al prójimo.

Después de los períodos violentos entre liberales y conservadores son muy pocos los antecedentes de sanciones efectivas a quienes actuaron de la forma más deleznable.

Inclusive, después de los procesos que se aplicaron con muchas de las estructuras llamadas ‘bandoleras’, propiciando su desmovilización, son también muy pocos los antecedentes de sanciones ejemplarizantes.

Y después, cuando existieron las primeras estructuras de las llamadas guerrillas, el relativismo moral se hizo presente también cuando trató de justificar las conductas con lo que se llamaron las ‘causas objetivas del conflicto’, cómo si existiera en el Estado de derecho una causa objetiva para entender un asesinato, un secuestro, una violación, un proceso de esclavización o sencillamente la intimidación colectiva.

Nuestra historia de buscar solucionar esos conflictos sobre la base de las negociaciones, cayeron muchas veces presas del relativismo moral. Y muchas veces, se enaltecía el fundamento de que, en aras de la paz, había que sacrificar justicia.

Esa misma forma de proceder fue inclusive contemplada con los carteles de la droga en los años ochentas y noventas, donde se crearon decretos de sometimiento a la Justicia que cambiaban la proporcionalidad a frente a las conductas de los más atroces cabecillas de esas estructuras criminales, e inclusive se negociaba la sanción sobre la base de la delación.

Y todo con aras a que nunca más se volvieran a presentar esas conductas. Pero nuevamente venía cada vez más feroz la expresión de violencia.

Se dieron después nuevas instancias y llegó también a la discusión los modelos de la transicionalidad en la Justicia.

Inclusive muchos de los procesos que se aplicaron contra los carteles tenían ciertos embriones de transicionalidad, donde podría darse la reducción sustancial de la pena, en aras de minimizar el daño colectivo que podían tener esas estructuras.

Posteriormente, con las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, también se dieron desarrollos de transicionalidad, donde había una reducción sustancial de la pena para conjurar un entorno con apariencia más positivo. Y en efecto vimos sanciones, extradiciones, extinciones de dominio, pero tampoco fue lo suficientemente dura para apagar por completo que esas conductas volvieron a presentarse.

Hoy también estamos enfrentando un enorme reto como sociedad. Y tenemos que acompañar la institucionalidad naciente también con miras a que se presenten sanciones que sean reparadoras. Que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en efecto se afinquen, y quizá también con la esperanza y la expectativa de que, al reparar, al tener la verdad y al ver sanciones, en consonancia con nuestros compromisos internacionales, se siembre la suficiente confianza en el corazón del pueblo colombiano.

Muchos de los fenómenos que han detonado expresiones de odio en nuestro país es justamente porque el ciudadano no aprecia o no ve o no siente que, frente a conductas deleznables, existen las más claras sanciones ejemplarizantes.

Y quizás cuando ese fenómeno realmente se dé, es cuando podremos decir que la confianza será lo suficiente clara para entender que nadie está por encima de la Justicia.

No se entiendan estos comentarios como críticas, apreciados magistrados y jueces. Son reflexiones profundas, porque yo soy optimista y creyente en la constitucionalidad que tiene nuestro país.

Quizás la más importante de demostración de lo que nuestra institucionalidad es capaz de lograr a pesar de tantos embates y tantas adversidades, es que el Fiscal General de la Corte Penal Internacional cerró un proceso de evaluación preliminar después de 17 años, reconociendo que el referente institucional de Colombia para investigar, para sancionar conductas y para mostrar dinamismo en las investigaciones, es realmente un parangón frente a otros países que han sido sometidos a embates similares.

Hoy el gran reto que tenemos desde la Justicia, es que cada acción de un juez, cada acción de un tribunal, tenga como esencia la protección del orden constitucional de nuestro país.

Es cierto que se han presentado circunstancias donde criminales de alta peligrosidad terminan, después de su captura, en las calles, pocos días después.

Pero también es cierto que, con nuestra Justicia, hemos ido logrando las mayores extradiciones, por lo menos frente a los años recientes. Y también hemos visto otra suerte de sanciones que ameritan ser dignas del aplauso, por la firmeza por el aparato de justicia. 

Es cierto también que nos hemos encontrado con circunstancias donde las normas mismas tienen suficientes esguinces e imperfecciones que son capitalizados por los reclamos de los abogados de los criminales para buscar para ellos rendijas.

Pero entonces allí lo que se requiere es una mayor contundencia para hacer las modificaciones normativas que cierren esas puertas o rendijas.

También es importante destacar que, en el rol de enfrentar las amenazas al orden institucional, tengamos la claridad objetiva. Que quien busca atentar contra el patrimonio público, contra la vida, honra, bienes, derechos y libertades, debe tener una sanción clara- Y que no puede argumentarse atenuante para que ninguna de esas vulneraciones pertreche en el país. 

Colombia como Estado de derecho protege y debe proteger a ultranza las expresiones pacíficas de la ciudadanía para expresar sus molestias, reclamaciones, anhelos.

Pero también debe ser claro en que cualquier forma de expresión violenta debe, a la luz de la objetividad del derecho, tener una sanción. Porque solo así se protege, también, la seguridad como bien público y también como uno de los pilares centrales de nuestra democracia. 

Sobre esto, y sabiendo doctor Luis (Hernández), que participará en este encuentro, el doctor Michael Sandel, uno de los más importantes y destacados filósofos del derecho, en su libro ‘Justicia’ plantea ese sano debate, entre el utilitarismo de Jeremías Bentham y también los imperativos categóricos de Immanuel Kant.

Importante discusión, porque uno pensaría que si esa es la discusión de hoy en los sistemas jurídicos, hasta cierto punto lo es, porque los desarrollos de filósofos como Rawls, o Dworkin, o Roxin, todos, han tenido que pasar también por esos debates. 

Lo interesante es que el imperativo categórico de sancionar objetivamente a quien atenta contra los derechos individuales y colectivos, no debe tener discusión. 

En la medida en que nos salgamos de las subjetividades y esas mismas imperfecciones de la subjetividad, y podamos tener un mejor análisis de los precedentes y una mejor capacidad de crecer en el precedente, yo creo que seguiremos dando pautas positivas para nuestro país.

Reforma a la Justicia

Por eso, en lo que ha sido la acción de nuestro gobierno, doctor Luis, podemos decir con orgullo que hemos logrado sacar adelante una Reforma a la Justicia después de 25 años.

Muchos dirán que faltan cosas, es cierto. Pero pensemos en lo que se logró.

En el principio de una Justicia que utiliza mejor la virtualidad y la capacidad digital de tramitar los expedientes. Pensemos también en lograr un principio presupuestal que le pone fin a la incertidumbre anual para la existencia y el funcionamiento de la Justicia. Que además define un porcentaje.

Y pensemos también en que gracias a esa evolución de carácter fiscal se está logrando que, en el tiempo, la densidad de jueces en el territorio sea acorde a la de un país que es miembro de la OCDE, pero adicionalmente, el buscar también un mayor empoderamiento de las mujeres en los tribunales de nuestro país y lograr también fortalecer los instrumentos y políticas de selección.

También en nuestro gobierno hemos acompañado proyectos tan importantes como el de fortalecer, el de crear y darle herramientas a la Comisión de Disciplina Judicial, que, por cierto, también deberá ser fortalecida aún más para que pueda velar, escrutar y aplicar la sanción a quien desde la administración de Justicia desvíe sus intenciones de los principios centrados en el Estado de derecho.

Hemos también avanzado en el Cpaca (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), una reforma importantísima en el derecho administrativo de nuestro país.

Y estamos próximos, Ministro (de Justicia, Wilson) Ruiz, a sacar adelante proyectos que fortalecen el arbitraje y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Hemos acompañado también el fortalecimiento del sistema carcelario y penitenciario construyendo infraestructuras nuevas, carcelarias y penitenciarias, por primera vez casi en una década y creando 4 o 5 instancias modulares.

Hemos acompañado también los proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo para la digitalización de los expedientes en los altos tribunales y, doctor Luis, estamos acompañando su gestión y la de la Corte Suprema de Justicia para el fortalecimiento de los despachos judiciales, empezando por el que corresponde a Bogotá y Cundinamarca, para poder ampliar también esa calidad en el resto del territorio.

Separación de poderes

Creemos firmemente en la separación de poderes y en la colaboración armónica, hemos trabajado de la mano con la Fiscalía, doctor (Francisco) Barbosa, bajo su liderazgo, para enfrentar el crimen organizado y hemos logrado golpes tan contundentes como la captura de alias ‘Otoniel’, con quien esperamos y la colaboración de la Corte Suprema de Justicia, pueda ser extraditado sin que ello implique que no tenga también el compromiso de declarar y atender sus imputaciones en nuestro territorio.

Y tenemos también la absoluta certeza que se han dado avances tan importantes como el proferido por la Fiscalía General de la Nación el año pasado, donde principios como el de las medidas de aseguramiento empiezan a ser planteados como excepción, de manera que se garantice siempre el debido proceso y que ese tipo de acciones correspondan a quienes verdadera y genuinamente, y basado también en elementos objetivos, sean un peligro para nuestra sociedad.

Colombia no ha caído en politización de la Justicia

Quiero entonces cerrar diciendo que Colombia hasta ahora, en el entorno latinoamericano, no ha caído en fenómenos de politización generalizada de la Justicia o de judicialización de la política.

Nuestro deber es preservar que así no sea. Que se mantengan los criterios que han guiado a nuestra nación. Que el magistrado y que el juez solamente le pertenezca a su conciencia, a la Constitución y la Ley, y que nadie en el territorio se sienta con la capacidad de influir sobre una decisión judicial por prebendas o por tentaciones.

Yo creo que esto que ha extinguido a nuestro país, como lo digo, en medio de tantas imperfecciones, es para que se mantenga.

Y este ha sido un gobierno que ha buscado trabajar de manera cooperativa con la Justicia.

Hoy quiero agradecerles a todos los magistrados y jueces de nuestro país, a todos los magistrados de las Altas Cortes y de los tribunales, porque, en medio de los más crudos embates de la pandemia, estuvieron siendo ingeniosos, creativos y buscando mecanismos para seguir manteniendo funcional la institucionalidad.

Cuando se haga la valoración histórica de cómo se atendió este proceso, nunca se dejó de cumplir con la responsabilidad constitucional en estos momentos tan azarosos.

Así que también expreso mi felicitación y mi gratitud.

Y, por último, doctor Luis, la polarización política en las sociedades parece ser ya un fenómeno global, acelerado por otra pandemia: la pandemia de la posverdad. Donde todos los días se privilegia el algoritmo, la tendencia, la frase inquisidora lapidaria y basada en elementos tendenciosos, afecta no solamente la Justicia sino todo el orden social.

Pero también esto debe ser motivo de reflexión profunda desde la Justicia, porque la esencia de la democracia es la libertad de elegir. Y la esencia de la libertad de elegir es hacerlo sobre verdades e información trazable, escrutable y confiable. Claramente. entre todos en nuestras sociedades, tenemos que ser capaz de señalar cuáles son y cuáles deben ser los límites frente a esa posverdad o a esas expresiones que muchas veces tratan de estar revestidas de libertad, cuando en realidad lo que buscan es carcomer el principio de la claridad en la información.

Esas son las discusiones de los Estados modernos y también la manera en la que se aplican las normas, sanciones y también aspectos de carácter administrativo e inclusive sectorial.

Pero siendo un optimista –y cierro con esto–, Shimon Peres decía que las diferencias entre los optimistas y los pesimistas son claras. Tal vez los dos mueren igual, pero viven distinto.

Los optimistas somos los que siempre creemos que en medio de la adversidad está la mejor de las oportunidades y que los retos solamente nos hacen grandes.

Cuando vemos por lo que ha transitado Colombia, y que nuestra economía es una de las que más crece en el mundo; cuando vemos que, con todas las afectaciones al sistema social, hemos logrado duplicar los beneficiarios de los programas sociales; cuando vemos que se ha creado para atender a las familias más vulnerables una renta básica de emergencia que va hasta diciembre del año 2022 y es una de las más prolongadas y certeras, objetivas y focalizadas de la región; cuando vemos que en medio de la pandemia se consolida como política de Estado para siempre, la educación universitaria gratuita para la clase media emergente y los más vulnerables; cuando se avanza en la implementación de la Paz con Legalidad con más de 2.500 obras PDET y que además se logrará la mayor entrega de títulos de propiedad en gobierno alguno en el próximo mes de diciembre con más de 50 mil títulos, y cuando vemos que se logran reformas como el Cpaca y la Reforma a la Justicia, y hay otras en proceso para que la Justicia tenga más presencia territorial, más recursos y más densidad, nos damos cuenta por qué nuestro país es visto hoy en América Latina no solamente como una de las democracias más antiguas y fuertes, sino también porque se reconoce que este es un país donde las leyes y la Constitución están presentes en nuestro propio corazón y conciencia.

Este año cuando celebramos 200 años de la Constitución de Cúcuta, nuestra primera Constitución y 30 años de la Constitución del 91, podemos decir que uno de los pilares que nos ha distinguido de una democracia antigua y que solamente fue amenazada en pocas ocasiones por las dictaduras, esta es una nación donde las normas y las leyes no son letra muerta. Son parte de nuestro ADN.

Doy por instalado el XXIV Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria.

Muchísimas gracias.

(Fin/epr/lfg/ndc/ada/jdg/vgz/mgm/gta)

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